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Jueves, 14 de Diciembre del 2017
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Por qué el Congreso necesita actuar, decenas de miles beneficiarios de DACA están expuestos a la deportación

Por: AV Press Releases
Washington DC.-

Compartimos una declaración de Frank Sharry, en reacción al significado del plazo que vence hoy para renovar DACA, el cual afecta a más de 150,000 actuales beneficiarios del programa: Hoy, como resultado del arbitrario plazo el 5 de octubre impuesto por el DHS, decenas de miles de beneficiarios de DACA van a empezar a perder sus permisos de trabajo y la protección contra la deportación. El mismo gobierno de Trump, que en primer lugar se basó en una crisis prefabricada para terminar el programa DACA, ha creado una verdadera crisis para miles de esos jóvenes estadounidenses.

A lo largo de esta semana, los Dreamers y sus aliados se han involucrado en esfuerzos heroicos para apoyar las renovaciones de DACA. A pesar de esos esfuerzos, es probable que decenas de miles de actuales beneficiarios de este programa pierdan el plazo, porque no fueron informados o no lograron reunir los $495 de cuota en tan corto tiempo. Esto incluye a jóvenes inmigrantes directamente afectados por los recientes huracanes.

El caos y la crueldad que se muestran deben servir de recordatorio al Congreso sobre la necesidad de una urgente acción. El Congreso necesita aprobar el Dream Act este año. Hay un abrumador apoyo público para proteger a los Dreamers. Los beneficiarios de DACA de todo el país han viajado a Washington esta semana para encontrarse con sus miembros del Congreso y para asegurarse de que los legisladores reconozcan las vidas reales que están en juego. Esto es lo que significa una democracia. Los riesgos son altos, la amenaza es real, la crisis ocurre en este momento. La cuestión es si los republicanos en el Congreso crearán una vía bipartidista en la cual avanzar. Algunos lo han hecho. Muchos tendrán que hacer lo mismo para que la promesa del Dream Act se convierta en realidad.

Inmigrantes vigilados

Como si fuera poca la información que a lo largo de los años las autoridades migratorias de Estados Unidos logran recabar de los inmigrantes, ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretende rastrear el historial de nuestras redes sociales y búsquedas en internet a partir del 18 de octubre próximo. Es curioso, pero a esta evidente táctica intimidatoria para reprimir la libertad de expresión de los inmigrantes no se le ha dado la cobertura suficiente, quizá porque no abarca —no todavía— a la totalidad del pueblo estadounidense, sino solo a los miembros de las minorías, esos “eternos condenados de la Tierra”.

Lo más siniestro del caso es que, según lo publicado casi silenciosamente por el Federal Register en la última semana de septiembre, es que los vigilados no serán solamente quienes hacen solicitud para inmigrar, sino incluso residentes permanentes y ciudadanos naturalizados. Es decir, gente que ha pasado ya por un profundo escrutinio, que abarca huellas dactilares, historial médico, revisión de antecedentes penales, pago de impuestos, además de una gran cantidad de años de espera, con los respectivos pagos correspondientes. Nada es gratis, por supuesto, en este país.

Entonces, ¿qué busca el actual gobierno con todo esto?

Las justificaciones seguramente son muchas y variadas, normal en su retórica sobre la seguridad nacional. ¿Me convierte en un potencial “indeseable” si expreso a través de Facebook mis opiniones sobre un determinado tema, ya sea político, económico, filosófico, religioso o literario que no agrade al aparato en el poder?

Digamos, por ejemplo, si comento algo sobre El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo; o busco en internet Tirano Banderas, novela de Ramón María del Valle Inclán; o hago una referencia en Twitter a Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, ¿me catalogarán de “irreverente”? O bien, si retuiteo una crítica a las antiinmigrantes políticas de la actual Casa Blanca, ¿me convierte esa libertad de ejercer mi derecho a preferir o a opinar en un “antisocial” y potencial “desestabilizador” de las instituciones? Se suponía que eso ocurría en los países de los cuales provenimos la mayoría de los inmigrantes, con gobiernos que acosan a la ciudadanía en lugar de protegerla; donde las leyes se aplican a discreción de quienes han corrompido los sistemas judiciales, o donde por desgracia los golpes militares destrozaron la civilidad e instauraron la impunidad, mientras la vigilancia se convertía en una forma de tortura psicológica.

Desde ya, la sola mención de esa nueva política migratoria causa profunda inquietud y un poco de pena por que una cosa así ocurra en el llamado país de las libertades; nación donde, de ponerse en práctica, se nos hará pensar en qué clase de autoridad se convertirá en nuestro verdugo inquisitorial en una determinada aduana. ¿Qué criterios utilizará para determinar que un inmigrante es “un peligro” por indicar con un “me gusta” la caricatura más reciente en la que se ridiculiza al poder o el ensayo más punzante en el que se condena un acto de racismo o xenofobia?

Son tantas las preguntas que surgen de tal anuncio, que todo esto me remite a recordar aquella gran película ganadora del Oscar en 2007 titulada La vida de los otros, magistralmente dirigida por Florian Henckel von Donnersmarck, en la que un agente de la policía secreta de la ex-República Democrática Alemana, la temida Stasi, se dedica a vigilar a potenciales “disidentes”, que no son otra cosa más que gente pensante en busca de defender el derecho a ejercer sus libertades.

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