Tensión interna en gobierno de Trump sobre TPS pone en peligro a países amigos

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Categoría: Inmigración

Publicado el Jueves, 16 Noviembre 2017 12:31am

Por: Amy Chozick
Washington DC.-

El programa, creado en 1990, tenía como intención que fuera una designación temporal pero es la primera vez que Estados Unidos considera eliminarlo para tantos inmigrantes con tan largo tiempo de residencia provenientes de países hermanos en el mismo hemisferio.

No es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos decide cancelar el estatus de TPS (Estatus Temporal de Protección) para un grupo de nacionales de un país extranjero: todos los gobiernos existentes desde la creación del programa en 1990 lo han hecho.

“Anteriores gobiernos han acabado con 12 designaciones de TPS incluyendo Bosnia- Herzegovina, Kuwait, Burundi, Líbano, Liberia, Monserrat y varios otros”, dijo dijo Muzzafar Christi, experto del Migration Policy Institute (MPI), que estudia políticas y fenómenos migratorios nacionales e internacionales.

El propio Trump ha terminado con el TPS para Sudán y el TPS para países afectados por el virus del Ebola durante la administración Obama: Liberia, Guinea y Sierra León.

No obstante, la decisión de Estados Unidos de cancelar el) para varios miles de nicaragüenses y la consideración de lo mismo para Haitianos, Hondureños y Salvadoreños ha causado consternación entre grupos pro inmigrantes de Estados Unidos, en parte por el largo tiempo que varios de estos grupos tienen viviendo en este país y por las condiciones existentes en los países de origen.

Daniel Restrepo especialista en inmigración del Centro para el Progreso Americano, dijo que el gobierno estadounidense no parece estar tomando en cuenta la seguridad nacional y la estabilidad de países vecinos al tomar estas decisiones.

“Estos países están entre los más vulnerables y Estados Unidos ha estado trabajando con ellos para ayudar a su estabilización” dijo Restrepo. “Creo que aquí lo que se juega es si este país quiere seguir colaborando o no con gobiernos amigos. Si no es así la presión sobre esas instituciones y gobiernos solo seguirá aumentando”.

Honduras y El Salvador tienen las tasas de homicidio más altas del mundo y son países que están lidiando con un serio problema de pandillerismo, secuestro, violaciones, violencia y asesinatos, que a diario causan la salida de más de sus ciudadanos en busca de refugio en otros países, incluyendo Estado Unidos.

“El gobierno de Estados Unidos debería escuchar a los profesionales del gobierno que están más cercanos a la situación, los hombres y mujeres que trabajan en las embajadas en esos países”, agregó Restrepo.

No obstante, sectores del gobierno de Donald Trump parecen tener una idea preconcebida de lo que debe ser el futuro de estos “tepesianos” y todo parece indicar que hay una “tensión interna” entre los partidarios de evaluar realmente las condiciones de esos países siguiendo la ley de 1990 que estableció el programa, y los funcionarios que “quieren a toda costa” deshacerse del programa. Esto comenzó a ser evidente desde Junio pasado, cuando el ex secretario de seguridad nacional John Kelly dijo que los beneficiarios de TPS “deberían comenzar a prepararse para regresar a casa”.

“Hay personas en este gobierno que quieren terminar con los programas sin mirar los hechos ni las complicaciones para ellos y para el país”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas. “Mas sin embargo parece que hay otro grupo que está intentando aplicar algo de sentido común”.

El TPS se creó en 1990 tras un contencioso debate en el Congreso de Estados Unidos para formalizar un tipo de protección que este país había dado en el pasado a grupos de personas que escapaban de desastres naturales, situaciones humanitarias y otros problemas en sus países. Entre 1960 y 1990, el procurador de Estados Unidos había dado un estatus temporal llamado “Extended Voluntary Departure” a personas de Irán, Polonia, Afganistán, Etiopía y Uganda. También se dio otro tipo de permiso llamado DED a ciudadanos chinos que escaparon ese país tras la masacre de Tiananmen Square. Pero la preocupación es que no había una ley formal ni un proceso para crear estas protecciones y que el gobierno de turno las aplicaba en forma más o menos política.