Deportación de Wildin Acosta hacia la violencia en Centroamérica

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Categoría: Inmigración

Publicado el Lunes, 28 Marzo 2016 12:46am

Por: David Torres

“Tengo miedo. No quiero regresar. Hay mucha violencia, muchas muertes”.

Washington DC.-

A principios de este año nos enteramos de que el gobierno de Obama, como un intento de evitar los cruces ilegales en la frontera, había empezado a enfocarse en los adolescentes que habían llegado recientemente de Centroamérica para deportarlos. A pesar de las protestas de la comunidad y los crecientes informes de la violencia en los países del Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, esas crueles acciones no se han detenido.

Como lo informa Alicia Caldwell en su más reciente nota en Associated Press, el gobierno no está retrocediendo, a pesar del hecho de que está deportando jóvenes hacia la violencia y, en muchos casos, hacia la muerte. Aunque la nota de Caldwell se enfoca principalmente en el doloroso caso de Wildin Acosta —el adolescente de Carolina del Norte que enfrenta la inminente deportación tan pronto como este domingo— otros adolescentes en ese estado y en otras partes enfrentan la misma suerte que Wildin.

Pedro Salmerón, cuya deportación a El Salvador aún es inminente, y Yefri Sorto, que recibió una orden de permanencia a último minuto, pero que podría ser levantada en cualquier momento, son sólo una pequeña muestra de los 800 adolescentes que llegaron solos y que han sido detenidos y/o deportados por ICE desde octubre. Todos esos jóvenes huyeron de la violencia estatal y de las pandillas en busca de seguridad y para reunirse con sus familias en Estados Unidos. Ahora, sus casos están siendo utilizados para “enviar un mensaje” a otros jóvenes en el Triángulo del Norte de Centroamérica.

El gobierno de Obama está haciendo un escalofriante y cruel cálculo al poner en peligro otra vez la vida de esos adolescentes. Al menos 83 personas han sido asesinadas después de haber sido deportadas de Estados Unidos hacia esos países desde 2014.

Como apunta el artículo de Caldwell, la respuesta del gobierno en casos como este es insistir, como dijo el secretario Johnson a la AP, “no tenemos, ni podemos tener, una frontera abierta, así que debemos tener seguridad en la frontera. ¿Son placenteras las acciones de seguridad contra estas familias? No, por supuesto que no… tenemos que aplicar la ley”.

Sin embargo, las pautas de deportación de noviembre de 2014 que el secretario Johnson dio a conocer incluyen una excepción a las prioridades de deportación para gente “que reúne los requisitos de asilo o de alguna otra forma de ayuda con base en nuestras leyes o… si según el criterio de un agente de inmigración no son una amenaza contra la integridad del sistema migratorio o no haya factores que sugieran que el extranjero sea una prioridad para aplicar la ley.”

Alguien que huye de la violencia pandilleril en otro país ciertamente reúne gran parte, si no es que todos estos requisitos. Y pese a las promesas del gobierno de que estos jóvenes tuvieran el debido proceso la primera vez, hay serios problemas con la forma en que sus casos fueron manejados. Al actuar de forma agresiva con estos casos de deportación, el Departamento de Seguridad Interna no solamente ignora su memorándum sobre las prioridades de deportación, sino también el sentido común y el humanitario. Esto representa en forma perfecta la propia descripción de lo que le espera a Wildin Acosta en Honduras.

“Tengo miedo. No quiero regresar. Hay mucha violencia, muchas muertes”, dijo Acosta. “Te matan por un teléfono. ¿Cómo es posible?”