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Viernes, 22 de Noviembre del 2024
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Algunos estados y localidades retomarán medidas antiinmigrantes para asistir a Trump

Por: Gerry Broome
Washington DC.-

Protesta contra Trump

Mientras algunos gobernadores y alcaldes defenderán a los indocumentados, otros rincones del país están listos para colaborar con el nuevo presidente y aprobar leyes contra los inmigrantes.

Mientras algunos estados y ciudades se preparan para defender a los inmigrantes, otros están listos para ponerse al lado de Donald Trump, e incluso ayudarlo a castigar a quienes se atrevan a proteger o favorecer a los inmigrantes indocumentados. Arizona es uno de ellos. El estado que en 2010 aprobó una de las más agresivas leyes estatales antiinmigrantes -invalidada por la Corte Suprema casi en su totalidad en 2012- vuelve a las andadas con una propuesta diferente: un proyecto de ley en su legislatura que obligaría a jueces penales a poner las condenas más duras por un delito a los inmigrantes indocumentados.

No es la única propuesta. En Arkansas, un mismo legislador (el senador estatal Gary Stubblefield, un republicano), ha presentado dos proyectos: uno retira fondos a ciudades que tienen “políticas de santuario” y otra hace lo propio con colegios y universidades. Con “santuario”, según el proyecto, quiere decir cualquier institución cuyas decisiones “limiten el reporte del estatus migratorio a las autoridades federales, restrinja la transferencia de detenidos bajo custodia a ICE, requiera una orden de arresto de ICE antes de entregar un detenido o impida a un agente pedir el estatus migratorio de una persona”, entre otras.

Algunas de estas ya fueron litigadas en el pasado, y en más de una ocasión, los tribunales federales han invalidado leyes locales y estatales en las que de alguna manera se usurpa el rol del gobierno federal en aplicar la ley migratoria.

Pero otras probablemente generarán una nueva ronda de demandas.

En Pennsylvania, una legisladora estatal ha presentado una propuesta aparentemente dirigida a castigar a la ciudad de Philadelphia y a impedir que su alcalde siga manteniendo la actitud de no reportar o entregar a sus ciudadanos a las autoridades migratorias, a menos que estos estén acusados de un delito violento. El alcalde de esa ciudad, Jim Kenney, es uno de muchos líderes locales que sostienen que la policía local no debe colaborar con las autoridades migratorias a menos que haya un delito grave de por medio, pero esta actitud entra en conflicto con las ideas de muchos legisladores del ala conservadora y del próximo gobierno en Washington, encabezado por el presidente electo Donald Trump.

Kenney recientemente llamó “peligrosa” y “un silbido racista” a la propuesta de la legisladora Martina White, ya que la misma haría a la ciudad “responsable” de los daños por actividades delictivas cometidas por un inmigrantes sin papeles y también prohibiría que la ciudad limite la colaboración con ICE. Texas también estará considerando este próximo año una medida similar “anti santuario” así como otra que convierte en delito mayor cualquier infracción cometida por un indocumentado. En Florida, hay un proyecto pendiente, de parte del senador estatal Greg Steube, para revertir la ley aprobada en 2014 que permite que los estudiantes indocumentados paguen la misma tarifa de los residentes legales en colegios y universidades, la llamada “in State tuition”.