Presidencia de El Salvador transfirió más de $21 millones a entidades privadas
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- Categoría: Internacional
- Publicado el Lunes, 25 Septiembre 2017 10:24am
San Salvador.-
La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia (SPTA) publicó su primer Informe de Transparencia que trata sobre las transferencias de fondos públicos hechas por Casa Presidencial a entidades privadas desde junio de 1989 hasta junio de 2017. El documento –que es el primero de una serie de publicaciones que realizará la SPTA sobre diversos temas– transparenta la asignación de $21,6 millones a 137 instituciones privadas desde el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani hasta la actual administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Las fuentes de información para elaborar el informe fueron los registros de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, los Acuerdos Ejecutivos, los Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Ministerio de Gobernación, entre otros.
La documentación consultada muestra que para el otorgamiento de los $21,6 millones antes de 2009 solamente el Presidente de la República lo decidía y, desde 2010, la Asamblea Legislativa es quien decide principalmente sobre las transferencias. Es decir, para los periodos gubernamentales de Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca el 100% de las transferencias fueron asignadas y autorizadas por el Presidente a través de Acuerdo Ejecutivo, sin intervención del Congreso.
El informe de la SPTA indica también que en las administraciones de Cristiani y Calderón Sol no se encuentra información completa sobre el uso de los fondos. De ahí que la Secretaría de Participación y Transparencia afirma que no ha existido una adecuada regulación sobre la prevención o manejo de los conflictos de intereses en el proceso de asignación, autorización y ejecución de las transferencias de fondos públicos a entidades privadas, ya que se han identificado cinco casos que violan lo establecido sobre conflictos de intereses en la Ley de Ética Gubernamental.
En ellos se mencionan a las exprimeras Damas de la República Elizabeth de Calderón, Lourdes de Flores y Ana Ligia Mixco de Saca, quienes administraron recursos en las instituciones privadas Bienestar Familiar (posteriormente renombrada como Asociación Familias en Progreso), Fundación la Niñez Primero, Comité Proyección Social-San Salvadory Fundación Virgen del Rosario.
El secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, afirmó que es absolutamente legítimo transferir fondos públicos a entidades ciudadanas y dijo que “a veces lo hacen mejor”.