Dan plazo a Evo Morales hasta el 22 para que decline su repostulación y abrogue el Código Penal

Detalles

Categoría: Internacional

Publicado el Lunes, 22 Enero 2018 11:53pm

La Paz.-

Para el Gobierno, la dirigencia revela su agenda política e intenciones golpistas. Los dirigentes cívicos dicen que quieren escuchar al presidente. De no aceptar sus demandas, hablan de paro nacional y de una marcha hacia la sede de Gobierno.

La dirigencia cívica, con representación de siete departamentos reunida en Cochabamba, determinó dar un ultimátum al presidente Evo Morales para que abrogue el Código Penal y decline su repostulación presidencial en 2019 durante su mensaje al país el 22 de enero.

Esto, para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, revela la agenda política de los cívicos, destinada a evitar la repostulación del presidente y también ciertos afanes golpistas, aunque aclaró que no ve ninguna crisis de Estado que haga peligrar la continuidad del mandatario.

Esto se da en un día en el que Trinidad vivió un paro tenso, con enfrentamientos menores, en el que los que están en contra del código y de la repostulación se terminaron imponiendo sobre los afines al MAS.

Romero asegura que el presidente está tranquilo, enfocado en su mensaje al país de este lunes, en el que -según la ministra de Comunicación, Gísela Lópezhará un resumen de los logros de su gestión y de los desafíos de futuro.

Romero añadió que hará anuncios importantes y no cree que incluirá las demandas cívicas en el texto.

Juan Flores, presidente cívico cochabambino, señaló que los movilizados quieren escuchar a Evo Morales.

“El presidente tiene la oportunidad de pacificar el país este 22 de enero”, dijo. Explicó que en la reunión estuvieron representantes de los comités y organizaciones de Santa Cruz, Pando, Tarija, La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba.

Beni no asistió porque realizaba su paro cívico, Potosí por un problema de transporte y Chuquisaca fue el único comité que no confirmó su presencia.

Además del ultimátum, los cívicos amenazan con marchar hasta La Paz, llevando el conflicto a la sede de Gobierno, revocar a los diputados y senadores que aprobaron el código y respaldar a los cívicos de Pando, donde hay un sindicato paralelo.

Romero cree que este pronunciamiento estuvo condicionado por el fracaso de Guido Mitma en sumar a la Central Obrera Boliviana a este conflicto.

Ayer, en La Paz, hubo un ampliado de la COB en el que su máximo ejecutivo salió abucheado y dirigentes afines al Gobierno prometieron convocar un congreso de aquí un mes para relevarlo.

Flores asegura que si el presidente no escucha las demandas cívicas, ya no habrá mucho que reflexionar y que los cívicos se volverán a reunir en el valle para definir el día del paro nacional y el lugar desde donde partirá la marcha hacia La Paz.

Para el ministro de Gobierno, que ha sido designado por el presidente para gestionar el conflicto, hasta el momento se han visto paros contundentes en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, pero no así en el resto del país.

Los paros de Potosí, Tarija y Beni, según el ministro, fueron parciales. Tarija, al igual que lo hizo Cochabamba, se dará una segunda oportunidad el viernes.

Romero añade que la movilización, donde fue exitosa, no fue convocatoria cívica, sino por una movilización ciudadana citadina, que no se articula con el campo y que es muy heterogénea, no tiene liderazgos claros y los grupos que intentan articularlos, como el Comité Nacional de la Democracia o la coordinadora de plataformas que nació en La Paz, no logran hacerlo. También apuntó que rechazan a los políticos tradicionales, pese a que ellos intentan oficiar de sus voceros.

Consultado si con una marcha hacia La Paz se puede peligrar la continuidad del presidente Morales, como sucedió en las movilizaciones de 2003 y 2005, que no fueron por un cambio de presidente pero acabaron en dos renuncias, Romero asegura que no existe una crisis de Estado, como sí la había en esos dos momentos de la historia nacional.