FARC acusa al Gobierno colombiano de querer criminalizar la protesta social

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Categoría: Internacional

Publicado el Domingo, 13 Octubre 2013 3:20pm

La Habana.-

La guerrilla de las FARC acusó hoy al Gobierno de Juan Manuel Santos de pretender legalizar la “criminalización” de las protestas sociales, con un proyecto de ley presentado al Congreso colombiano a iniciativa del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

“Asistimos sin duda a la legalización de la criminalización de la protesta”, aseveran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una declaración leída ante los medios en La Habana por el guerrillero “Pablo Catatumbo”, alias de Jorge Torres Victoria, quien tachó de “antidemocrático” el proyecto de Pinzón.

Con esa iniciativa, según la guerrilla, se pueden dictar penas de entre tres y cinco años de cárcel “a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías o hayan estado cerca de las protestas y los pasados paros” que han tenido lugar en Colombia.

“Se irían para la cárcel los estudiantes que inciten a protestar, los cultivadores de papa de Boyacá, los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales o la gente sencilla que no quieren que se destruyan sus fuentes de agua pura, como ocurre con quienes defienden el páramo de Santurbán (noreste de Colombia)”, argumenta la insurgencia.

Según las FARC, “Colombia no puede permitir que al pueblo se le siga dando tratamiento de enemigo interno” con “medidas fascistas” como este proyecto de ley, por lo que reclamaron que se establezca de manera urgente en el país “una verdadera doctrina de seguridad humana”.

Como es habitual la guerrilla dio a conocer esta proclama antes de iniciarse una nueva sesión de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que tienen su sede permanente en La Habana.

Las negociaciones que desde hace casi un año intentan poner fin al largo y cruento conflicto colombiano se encuentran en su decimoquinto ciclo y siguen centradas desde hace tres meses en el tema de la participación política de la insurgencia, el segundo punto de la agenda pactada para este proceso.