Propuesta de reforma universitaria divide a Perú y temen mayor control estatal

Detalles

Categoría: Internacional

Publicado el Domingo, 22 Diciembre 2013 4:24pm

San Salvador.-
Se discutirá a partir de 2014, pero la reforma a la Ley Universitaria en Perú ya genera polémica y divide al país. La semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó todos los capítulos de la nueva normativa, que es resistida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), porque sostienen que afectaría la autonomía de los centros de estudio y porque supondría un mayor control estatal.

El lunes, el propio Presidente Ollanta Humala salió en defensa de la ley al instar a los jóvenes a que “no vayan a universidades de medio pelo”. La comisión que impulsa el proyecto está presidida por un congresista de Perú Posible, el partido del ex presidente Alejandro Toledo, pero la bancada humalista apoya la idea.

Entre otras materias, se propone la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), que reemplazaría a la asociación de rectores. Este organismo supervisará la calidad educativa, fiscalizará el uso de los recursos y autorizará el funcionamiento y cierre de las universidades. Aunque la idea central es mejorar la calidad de la educación peruana, 35 Ues. públicas y privadas, la Federación Nacional de Docentes Universitarios y la Federación de Estudiantes se oponen a las competencias de la Suneu.

“Esto supone un peligroso tipo de estatización de las universidades privadas y públicas”, señaló un reciente editorial del diario El Comercio.

En asuntos estrictamente académicos, la ley universitaria propone que el grado de bachiller se obtenga obligatoriamente tras una tesis; para la licenciatura, además de una tesis, se deberá demostrar el dominio de un idioma extranjero o una lengua nativa; quien repita un ramo podría pagar un monto extra; la gratuidad en la enseñanza pública será para una sola carrera y se pondrá fin a los “alumnos eternos”, ya que estarán obligados a matricularse en un mínimo de 12 créditos (valor de los cursos).

Para la asamblea de rectores, todo eso afecta la independencia de las universidades. Además, los centros de estudios estarán obligados a invertir en investigación (15% del presupuesto para las Ues. públicas y 25% para las privadas) y si las universidades no logran acreditar su calidad en tres evaluaciones inmediatas serán clausuradas.