Ex presidente Pepe Lobo compró casa en Miami meses antes de entregar Gobierno
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- Categoría: Internacional
- Publicado el Sábado, 14 Junio 2014 6:12pm
Tegucigalpa, Honduras.-
La información relativa al patrimonio de los altos funcionarios públicos es el secreto mejor guardado en Honduras y su acceso para la ciudadanía y la prensa está blindado por las propias instituciones y las leyes que dicen promover la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras Argentina, Estados Unidos, Chile e incluso Costa Rica han abierto sus archivos oficiales para que la sociedad pueda conocer los bienes de sus Presidentes y demás funcionarios públicos, en Honduras, la obtención de esos datos es una tarea imposible.
De hecho, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dispone de un archivo donde guarda celosamente las declaraciones juradas de todos los servidores públicos, incluyendo de los titulares de los tres poderes del Estado, ministros y directores de entes concentrados y desconcentrados, pero su acceso está restringido. El TSC recoge la declaración patrimonial de todos los servidores públicos con salarios mayores de 30,000 lempiras mensuales, pero esa información se guarda como un secreto de Estado o de seguridad nacional y solamente está disponible para los órganos fiscalizadores y judiciales por orden legal.
Debido a los blindajes legales no es posible conocer los ingresos y las propiedades que poseen los jefes de gobierno al entrar a la función pública y mucho menos cuando abandonan el poder. Similar situación ocurre con los secretarios de Estado o cualquier otro funcionario estatal.
Honduras se incorporó en septiembre de 2011 a la Alianza de Gobiernos Abiertos, promovida por el presidente de EUA, Barack Obama, para desbloquear y poner a disposición de la ciudadanía la información oficial.
En esa declaración, el Gobierno hondureño se comprometió a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales y a promover mayor acceso a la información y divulgación sobre sus acciones en todos los niveles de gobierno.
Esta iniciativa tiene como eje transversal los registros y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios del Estado, pero en la práctica este pacto no se ha cumplido en Honduras porque sigue habiendo restricciones oficiales y legales para acceder a datos sobre los bienes y posesiones materiales de los servidores del Estado.
Este inmueble está tasado en un valor comercial de 523,977 dólares, es decir unos 11 millones de lempiras, y en la documentación de la ciudad aparece oficialmente registrada a nombre de Marlon Pascua y de su esposa Elizabeth. Es posible acceder a la información sobre ambas propiedades mediante un programa especial disponible en la página oficial del gobierno local de Miami Dade.