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Sábado, 23 de Noviembre del 2024
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Mito de la justicia comunitaria

Por: Humberto Caspa, Ph.D., profesor e investigador de Economics On The Move
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A inicios de esta semana, un amigo me envío, a través de una de las redes sociales de internet, un video sobre la llamada “justicia comunitaria” en América Latina, específicamente en Bolivia. En el video se observa a tres delincuentes clamando perdón a la persona que les propina fuertes golpes con un garrote macizo de madera. El castigo es en las manos, en los pies, en general en todo el cuerpo, incluyendo en la cabeza. Es una escena escalofriante, no apta para niños o personas sensibles a la violencia.

“Última vez que los veo por aquí c…, la siguiente vez los voy a matar”, vocifera una y otra vez el individuo que apalea a los delincuentes.

En el video también se escucha a una mujer que los increpa: “¿Por qué roban; por qué no trabajan?”

Los tres hombres están en medio de una muchedumbre que los contemplan con la mirada atónita, sin poder hacer nada. Entre la gente, están dos o tres policías que no hacen más que mirar lo ocurrido, incluso dan muestras de que cooperan con la escena sangrienta.

Este tipo de castigos son comunes en algunos países de América Latina. En las zonas periféricas de La Paz, capital administrativa de Bolivia, algunos delincuentes son incluso linchados, ahorcados y quemados en plena luz del día. No hay justificación de ninguna índole de este tipo de justicia. Los linchamientos y castigos impuestos en forma espontánea por parte de un grupo de la comunidad es un atraco a la sociedad moderna, es un reflejo de la falta de estado de derecho del país donde acontecen estos hechos, no hay respeto a los derechos humanos y libertades ciudadanas.

Cualquier personas que es acusado por un acto violatorio contra el Estado o contra otras personas tiene derecho a un Debido Proceso de la ley (due process of law) dentro de un ordenamiento jurídico establecido. Es decir, es el juez el que tiene la potestad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Un policía o una persona de la comunidad nunca deben tomar la justicia en sus manos y castigar al delincuente de acuerdo a sus convicciones.

Por otra parte, los defensores de la “justicia comunitaria” tratan de legitimar sus acciones violentas pregonando la Justicia Indígena. Nada de lo anterior es cierto. Los grupos indígenas tienen un proceso penal contra los antisociales de su comunidad en base al derecho consuetudinario. Los delincuentes nunca son castigados sin ofrecerles un Debido Proceso de la ley.

Es más, en cierta manera, la justicia indígena es más ecuánime que la nuestra porque incluye una cosmovisión del mundo y la naturaleza. Los Aymaras de Bolivia, como los Incas del Perú y los Chibchas de Colombia tenían un respeto singular a la tierra, hogar y diosa de sus ancestros. La sociedad Inca se guiaba bajo una trilogía inmutable: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas ocioso).

Lo ocurrido en La Paz, Bolivia, y los diversos linchamientos que ocurren en diversas ciudades latinoamericanas son el resultado del presente proceso económico del sistema capitalista. Después de todo, las políticas que se implementaron desde la década de 1980 han creado un crecimiento económico desbalanceado. Los grupos económicos pudientes multiplicaron sus ganancias, acrecentaron mayor capital, mientras que la gran mayoría de la población ha sentido el rigor de la pobreza. Por consiguiente, la delincuencia en las ciudades cosmopolitas de América Latina ha ido en aumento.

Sin embargo, este deterioro social no quiere decir que la gente asuma el rol de juez y policía. El gobierno, a través de sus instituciones jurídicas, es el único que puede castigar a los delincuentes.