Human Rights Watch denuncia represión policial en Ecuador

Detalles: Categoría: Internacional; Publicado el Martes, 17 Noviembre 2015 2:22am

Quito.-

Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales de viviendas. “Miembros de seguridad cometieron serios abusos contra manifestantes y el gobierno los felicitó”.

La organización acusa al gobierno de permitir y alentar los abusos de las fuerzas de seguridad contra personas que protestaban de manera pacífica en agosto pasado, además de la suspensión de derechos fundamentales. La organización Human Rights Watch (HRW) denunció en un reporte al gobierno de Ecuador por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales de viviendas, acciones que fueron cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales que en agosto pasado reunieron a decenas de miles de personas en Quito y en al menos diez provincias del país.

“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron serios abusos contra manifestantes y el gobierno los felicitó”, señaló en el informe el gerente para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, quien agregó que “esto envía el mensaje de que estos abusos no sólo son tolerados, sino también respaldados por el gobierno”.

La organización señala que el Presidente Rafael Correa se valió del estado de excepción decretado por la erupción del volcán Cotopaxi – cercano a Quito- para otorgarle amplias facultades a su administración con el fin de desplegar las Fuerzas Armadas en el país y suspender derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio de las personas y el derecho a reunión.

La Fiscalía General ecuatoriana respondió a HRW que hay 130 casos abiertos contra ciudadanos de diez provincias y que 28 personas siguen presas desde las protestas de agosto, pero HRW cuestiona que el organismo público no cuente con ninguna información sobre las investigaciones contra los policías y militares acusados de cometer abusos contra los civiles.

El gobierno de Rafael Correa se defiende diciendo que los manifestantes de agosto usaron la violencia contra las fuerzas de seguridad y justificó la detención de las personas bajo las imputaciones de delitos como sabotaje, paralización de servicios públicos y ataques o resistencia contra la autoridad.

Human Rights Watch encontró evidencias creíbles de que en al menos 50 casos policías o militares emplearon la fuerza de manera innecesaria e ilegal en contra de personas que no estaban armadas. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas, e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando en las protestas.

Uno de los casos documentados por Human Rights Watch es el de Mario Farid Mosquera Zurita, un comerciante de 26 años, quien, mientras regresaba a pie a su casa por la zona de las manifestaciones en el casco histórico de Quito, intervino para ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada por policías. Mosquera indicó a la Fiscalía que los policías le propinaron puñetazos y golpes con toletes, le patearon reiteradamente y lo obligaron a montarse a una motocicleta policial, donde un policía continuó golpeándolo en las costillas. Human Rights Watch revisó un informe médico que documenta sus lesiones.