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Domingo, 24 de Noviembre del 2024
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Operativo judicial contra Lula agrava la crisis política en Brasil

Brasil.-

Brasil

Dilma Rousseff abrió ayer una caja de Pandora y tuvo una feroz respuesta en las calles de Brasil.

Con la excusa de mejorar la articulación política de su frágil gobierno y enfrentar así, más fuerte, un posible proceso de impeachment, la presidenta de Brasil designó a su mentor, Luiz Inacio Lula da Silva , jefe de gabinete, cargo que, además, le garantizaría al ex mandatario una cierta protección legal frente a las investigaciones de corrupción en torno a Petrobras.

La desesperada medida fue muy mal recibida por decenas de miles de brasileños que, al caer la noche, salieron espontáneamente a protestar en al menos 16 ciudades. Replicaron así las marchas del domingo, cuando unos 3,6 millones de personas tomaron los principales centros urbanos del país en la mayor movilización de la historia de Brasil.

En la capital, el Palacio del Planalto fue rodeado por manifestantes; en San Pablo, la tradicional avenida Paulista fue bloqueada por la gente que pedía la renuncia de Dilma, mientras que en las principales ciudades se hicieron sentir con cacerolazos en contra de la presidenta, de Lula y del PT. “¡Fuera Dilma!”, “¡Lula a prisión!”, “¡Basta de corrupción!”, gritaban anoche los manifestantes enfurecidos en las calles, en imágenes que recordaron las oleadas de protestas que presionaron por el impeachment de Fernando Collor de Mello en 1992; entonces, en la antesala del juicio político, el mandatario renunció.

Ayer, el detonante de la ira popular fue una estratégica decisión del juez federal Sergio Moro, que desde Curitiba lleva adelante las investigaciones por el esquema de sobornos del petrolão. Al final de la tarde, Moro hizo públicas las escuchas telefónicas realizadas por la policía federal a una conversación que habían mantenido más temprano Lula y Dilma. En la grabación, la presidenta informaba al ex mandatario que ya le había enviado el documento con su designación como jefe de gabinete y le recomendaba que lo utilizara “en caso de necesidad”, es decir, si Moro ordenaba su arresto.

En el Congreso, la oposición exigió de inmediato la renuncia de la presidenta. Durante todo el día, Dilma había negado que la incorporación de Lula al gobierno estuviera relacionada con la cada vez más difícil situación legal del ex presidente, bajo sospecha de haberse beneficiado de las coimas pagadas por constructoras a directivos de la petrolera estatal y a políticos oficialistas a cambio de contratos con Petrobras.

En concreto, los fiscales del petrolão creen que Lula recibió sobornos a través de donaciones irregulares a su fundación política, el Instituto Lula, exorbitantes pagos por conferencias y mediante “regalos” como un departamento tríplex en Guarujá y una casa en Atibaia, estado de San Pablo.