Exdirectores policiales son investigados por enriquecimiento ilícito
- Detalles
- Categoría: Internacional
- Publicado el Sábado, 22 Junio 2013 9:53pm
Tegucigalpa, Honduras.-
Los exdirectores generales de la Policía Nacional de Honduras Ricardo Ramírez del Cid y José Luis Muñoz Licona , encabezan la lista de los ocho altos oficiales de la institución policial a los que se les atribuye un patrimonio de al menos 75 millones de lempiras.
Un acceso exclusivo al listado de los exmiembros de la cúpula policial , cuyos expedientes patrimoniales fueron enviados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para iniciar el procedimiento administrativo y penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Dentro del grupo de oficiales investigados figuran también los comisionados generales en condición de retiro Javier Leopoldo Flores Milla, Allan Reynerio Nájera Martínez, José Alberto Barralaga Hernández, Manuel de Jesús Escobar Murillo, José Danilo Orellana y René Maradiaga Panchamé. Hasta ahora, los nombres de los jerarcas policiales investigados por las autoridades de la DIECP y el TSC no habían trascendido.
De acuerdo con las investigaciones que constan en documentos en poder del TSC, los ocho oficiales de alta graduación lograron al menos 74.5 millones de lempiras, cantidad que no corresponde a los ingresos regulares que percibieron en el estamento policial. Los pasados días 6 y 13 de junio, las autoridades de la DIEPC elevaron al TSC los ocho expedientes que contienen las investigaciones patrimoniales con su respectivo informe financiero de los exjefes policiales, que resultaron en incongruencias por 74.5 millones lempiras. En el primer paquete remitido por el ente depurador se señalan irregularidades patrimoniales de cuatro oficiales por 37.2 millones de lempiras. En el segundo dossier investigativo, el monto ascendió a 37.3 millones.
Las investigaciones, que inicialmente se centraron en 10 altos jerarcas policiales de un total de 73, revelaron “discordancias en bancos, empresas y propiedades” de los investigados, lo que “pudiera derivar en el delito de enriquecimiento ilícito”, ya que los bienes no concuerdan con sus ingresos regulares.
Las indagaciones de la DIECP abarcaron el patrimonio no solo del miembro de la carrera policial investigado, sino de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y personas fuera de estos grados de parentesco cuando las circunstancias especiales lo ameritaron.