Juzgado ordena detención contra exfiscal de El Salvador Luis Martínez
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- Categoría: Internacional
- Publicado el Lunes, 5 Septiembre 2016 3:48am
San Salvador.-
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la detención provisional contra el exfiscal general de la República, Luis Martínez, por el presunto delito de Divulgación de Material Reservado, por lo que pasará los próximos seis meses en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. El Tribunal ordenó, además, la reserva total del caso y en la audiencia inicial los fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción presentaron una serie de elementos, los cuales serán detallados en las siguientes fases del proceso.
La fiscal del caso explicó que la reserva fue aplicada por la juzgadora con el objetivo de garantizar el derecho a la intimidad de la víctima, debido al contenido que existe en las grabaciones intervenidas al sacerdote.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, presuntamente en agosto de 2014 Martínez habría divulgado conversaciones de carácter personal del sacerdote Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el padre Toño, las cuales no tenían ninguna relación con las investigaciones que realizaban en ese momento porque eran ajenas a cualquier delito investigado. El Ministerio Público cuenta con la entrevista realizada al padre Toño, quién manifestó que había recibido mucho perjuicio, como la pérdida de su empleo remunerado y daños en su salud.
Cuando concluyeron los debates de las partes, la jueza determinó haber encontrado suficientes elementos de participación del exfiscal general en el delito y, por tal motivo, decretó auto de prisión provisional.
“La detención provisional fue decretada conforme a los elementos de naturaleza documental y testimonial, que consisten básicamente en que existen las escuchas telefónicas y que fueron debidamente autorizadas, pero se estableció que fueron reveladas y utilizadas indebidamente”, explicó la fiscal del caso.
El proceso pasará en las próximas horas al Juzgado Primero de Instrucción el cual otorgará el plazo para la siguiente etapa, aunque la FGR ha solicitado seis meses.