Fairfax anula un acuerdo federal para detener a presos buscados por ICE
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- Categoría: Washington DC
- Publicado el Martes, 30 Enero 2018 3:00pm
Por: El “Buho T”
Washington, DC.-
En un comunicado, Kincaid dijo que Fairfax ya cumple con una ley estatal que exige que las localidades determinen si los reclusos se encuentran ilegalmente en el país y luego ingresan esa información en una base de datos estatal disponible para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE, por sus siglas en inglés).
“Tenemos la intención de cumplir con todas las obligaciones federales en lo que respecta a ICE”, dijo Kincaid en su declaración. “Consideramos que es conveniente no tener un acuerdo que requiera que ampliemos nuestros recursos más allá de estas obligaciones”.
Según el contrato iniciado en 2012, el condado ha mantenido a los presos identificados por el ICE durante hasta 48 horas después de la fecha que les corresponde ser liberados.
Los funcionarios de ICE no respondieron de inmediato el martes a una solicitud de comentarios.
En medio de un recargado debate sobre la inmigración ilegal, la agencia ha incrementado sus deportaciones en los últimos meses, incluyendo agentes haciendo redadas en tiendas 7-Eleven y otros sitios de trabajo.
El mes pasado, Think Progress, un medio de comunicación lanzado por el progresivo Center for American Progress Action Fund, informó que 663 presos en la cárcel del condado de Fairfax habían sido entregados a ICE en 2017, más del doble que en 2016. La mayoría de esas personas eran de El Salvador, Honduras y Guatemala, según el informe, que se basó en los registros públicos del condado publicados en virtud de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.
Tras las críticas de los activistas de inmigración, Kincaid notificó a ICE el lunes que el condado tiene la intención de rescindir el acuerdo a partir del 23 de mayo después de un aviso requerido de 120 días, según su declaración.
Kincaid dijo que el condado cumplirá con una solicitud de ICE para detener a un recluso solo si esa solicitud va acompañada de una orden de detención criminal emitida por un tribunal, un hecho raro dado que la mayoría de las deportaciones se llevan a cabo como procedimientos judiciales civiles.
La medida recibió elogios de los grupos de inmigración y líderes del condado, que han recorrido una delgada línea entre llamar a Fairfax un lugar acogedor para los inmigrantes y evitar la palabra “santuario”, que podría desatar una reacción de la administración Trump y los grupos que tienen una dura postura anti-inmigrante.
En una declaración, Sharon Bulova (demócrata), presidenta de la junta de supervisores del condado, dijo que estaba “complacida” con la decisión de Kincaid: “El Sheriff y sus ayudantes operan la cárcel del condado y no son funcionarios federales de inmigración”.