El Pentágono podría deportar inmigrantes a los que había prometido la ciudadanía
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- Categoría: Nacional
- Publicado el Lunes, 3 Julio 2017 1:30pm
Washington DC.-
El Pentágono está considerando un plan para cancelar los contratos de 1.000 reclutas nacidos en el extranjero sin estatus migratorio legal, exponiéndolos a sabiendas de que son susceptibles de ser deportados, según muestra un memorando del Departamento de Defensa.
La nota de acción sin fecha, preparada para el secretario de Defensa Jim Mattis por personal y funcionarios de inteligencia en el Pentágono y obtenida por The Washington Post, describe posibles amenazas a la seguridad por parte de inmigrantes reclutados para un programa diseñado para otorgar la ciudadanía rápidamente a cambio de aprovechar sus aptitudes para atender urgencias médicas y sus habilidades.
Además, 4.100 soldados -la mayoría de los cuales son ciudadanos naturalizados- podrían enfrentarse a una “revisión mejorada”, aunque el Pentágono expresó su preocupación sobre cómo navegar “las restricciones legales significativas” de “monitoreo continuo” de ciudadanos sin que existe un motivo, de acuerdo al memorando.
Los funcionarios han asignado niveles de amenaza a cerca de 10.000 reclutados del programa Accesos Militares Vitales para el Interés Nacional (MAVNI, por siglas en inglés), que están tanto en el servicio como a la espera de servir, basados en características como la proximidad a información clasificada o la exhaustividad con que han sido investigados.
El Departamento de Defensa inició el programa en 2009. Desde el inicio del programa, más de 10.400 soldados, la mayoría de ellos con servicio en el Ejército, se han alojado en unidades médicas o de especialidades lingüísticas -como las lenguas rusas, mandarinas y pashto- identificadas por el Pentágono como vitales para el éxito de las operaciones militares, pero que escasean entre las tropas nacidas en Estados Unidos.
El año pasado, los funcionarios aumentaron las pruebas de seguridad específicamente para los reclutas de MAVNI, desviando “los ya limitados recursos fiscales y de mano de obra del Ejército”, dijo el memorando.
El excesivo proceso de investigación y el mayor riesgo para la seguridad llevaron a los funcionarios a recomendar la cancelación de los contratos de alistamiento para las 1.800 órdenes pendientes de entrenamiento básico y detener el programa por completo, de acuerdo con el memorándum. Esos reclutas están en lo que el ejército llama el programa de entrada diferida, un grupo de reclutas a la espera de que se le asignen fechas de entrenamiento en el futuro. Cerca de 1.000 de ellos han visto expirar sus visas mientras esperan órdenes de viaje, lo que les pondría en riesgo de deportación si sus contratos son cancelados.