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Jueves, 25 de Abril del 2024
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Corte Suprema de EEUU revisa hasta dónde el gobierno para quitarle a una persona su ciudadanía

Por: Amy Chozick
San Diego CA.-

Ciudadania

Los magistrados presentaron distintos ejemplos a un abogado del Departamento de Justicia para entender en cuáles escenarios una persona naturalizada podría perder su estatus. Mentir con el peso o con una infracción de tránsito en la aplicación podría tener graves consecuencias.

Durante una audiencia este miércoles, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts Jr., se puso como ejemplo en una discusión en la que se medía hasta dónde es capaz de llegar el gobierno para revocar la ciudadanía de una persona si se demuestra que dijo alguna mentira en su declaración.

“Hace un tiempo, yo manejé a 60 millas por hora en una zona de 55 millas”, confesó el juez Roberts. “Y no fui arrestado”, advierte.

“Ahora usted dice que si yo contesto que ‘no’ (en mi declaración de ciudadanía), 20 años después de que fui naturalizado como ciudadano, ¿usted podría tocar mi puerta y decirme que no soy estadounidense?”, preguntó el magistrado a Robert Parker, un abogado del Departamento de Justicia que era consultado. “Esa es la manera como el gobierno interpreta que usted debe dar a conocer ese tipo de ofensas”, respondió Parker.

“¿Usted está diciendo que en esa planilla se espera que todo el mundo enliste cada vez que conduce por encima del límite de velocidad?”, repreguntó el magistrado, quien además insistió en si eso podría generar la revocación de la ciudadanía estadounidense.

El abogado le explicó que si alguien sabe que superó la velocidad permitida, debería informarlo a las autoridades.

“Si nosotros podemos probar que usted deliberadamente mintió al responder esa pregunta, entonces sí (le podemos quitar la ciudadanía)”, señaló Parker.

El intercambio ocurrió durante una discusión del caso Maslenjak Vs. Estados Unidos, en el que el abogado del demandante, Christopher Landau, pedía para su clienta serbia un día en corte para aclarar los argumentos bajo los que ella había obtenido, primero el estatus de refugiada con el argumento de que había sido víctima de persecución y, luego, en 2007, su ciudadanía estadounidense. Y no fue solo Roberts quien rechazó la postura de Parker. La jueza Sonia Sotomayor puso un ejemplo más.

“Otro de los requisitos es que uno enliste todos los sobrenombres que ha tenido”, dijo y planteó el caso hipotético de una persona que no enumeró sus apodos, por vergüenza. “¿Es una falta no revelar algún sobrenombre de la infancia que no tiene importancia para la toma de decisión en el proceso?”, preguntó.

Para Parker, el ejemplo no entraba en las posibilidades de revocación de la ciudadanía. Solo en el caso de que se haya cometido un delito bajo un alias específico y que ese nombre no quede documentado, explicó. Y entonces intervino el juez Stephen Breyer al asegurar que las preguntas de los cuestionarios de inmigración son tan “amplias”, que muchos naturalizados con casos como el del juez Roberts podrían estar en riesgo.

“Me sorprende que el gobierno (...) quiera poner en duda la ciudadanía de un amplio porcentaje de todos los ciudadanos naturalizados”, dijo.

Parker explicó que la ley es aplicada frente a todas las mentiras que se digan bajo juramento, incluso en asuntos tan triviales como el peso de una persona.