Fiscal General introduce recurso de nulidad contra la Constituyente de Maduro

Detalles

Categoría: Internacional

Publicado el Martes, 13 Junio 2017 2:58pm

Caracas.-

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, introdujo el jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobernante Nicolás Maduro, declarando que el procedimiento utilizado para organizarla viola la Constitución.

La decisión de la fiscal, que profundiza las grietas internas del chavismo, cubre con un manto de incertidumbre la convocatoria lanzada por Maduro, iniciativa que opositores consideran busca cimentar la instauración de un régimen comunista en Venezuela. “He acudido hoy [jueves] ante el Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la Constituyente”, manifestó Ortega Díaz, uno de los más importantes actores del chavismo que se ha pronunciado en contra de los planes de Maduro de modificar a la fuerza la Constitución sin cumplir con el debido proceso para hacerlo.

“Aquí lo que está en juego es el país, es la dignidad de los venezolanos, es la paz que nos merecemos, es el respeto que nos merecemos. Eso es lo que está en juego en este momento”, señaló.

El recurso introducido por la fiscal solicita a la Sala Electoral del TSJ que declare la nulidad de la convocatoria de la Constituyente formulada por el Consejo Nacional Electoral, considerando que Maduro violó la Constitución al lanzar la iniciativa directamente a través de un decreto en vez de permitir que el pueblo venezolano aprobara la moción a través del voto libre y directo, tal como establece la Carta Magna.

“Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser una Constituyente. En una Constituyente tiene que participar el pueblo”, enfatizó la fiscal.

Al aseverar que las pretensiones del gobernante no son constitucionales, Ortega Díaz advirtió al régimen que corre el riesgo de propiciar que distintos sectores del país se unan para conformar un frente común para salir en defensa de la actual constitución. Citando el artículo 333 de la Carta Magna vigente, Ortega Díaz enfatizó que la Constitución Venezolana “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, o si fuera derogada por cualquier medio distinto previsto en ella”.

“En tal eventualidad, dice el artículo 333, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene la obligación de colaborar en el efectivo restablecimiento de su vigencia. Es decir, que todo ciudadano, sea magistrado, rector o fiscal, contralor, obrero, trabajador, militar, estudiante, tiene que colaborar en el restablecimiento de esta Constitución, porque es una orden que nos da la Constitución”, señaló.

La fiscal condenó el lenguaje utilizado por Maduro para empujar a la fuerza su propuesta, frecuentemente acusando a quienes no respaldan su convocatoria como fascistas y enemigos del Estado.

Ortega Díaz, quien fuera una cercana colaboradora del fallecido presidente Hugo Chávez, ha pasado a convertirse en una de las mayores amenazas para el régimen de Caracas, al crear grandes grietas en su aparato represivo y abrir la puerta a deserciones masivas.

Fuentes internas han dicho que Maduro ha estado buscando fórmulas para poder salir de la fiscal, pero una eventual destitución podría terminar siendo muy difícil de ejecutar dado que el poder para hacerlo recae sobre la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.

Las acciones adoptadas en las últimas semanas por la fiscal ya han motivado a algunos funcionarios del chavismo a seguir sus pasos, incluyendo a dos magistrados del TSJ que se pronunciaron públicamente en contra de la Consituyente. Pero algunos observadores piensan que esto es solo el comienzo.

“Podría producirse un deslave”, comentó la semana pasada Carlos Blanco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston. “Muchos de los funcionarios que habían apoyado a Chávez, y hasta ahora a Maduro, se están desmarcando porque ven que el fin del régimen está cerca”, manifestó Blanco, quien décadas atrás se desempeñó como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).