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Martes, 17 de Octubre del 2017
| 11:41 pm
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“Si me denuncias te deportan” la amenaza que paraliza a inmigrantes

Por: Paula T. Castellano
Washington DC.-

ICE

560 organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las medidas migratorias de Donald Trump están dando lugar a un escenario de impunidad ante los abusos sexuales en el lugar de trabajo y a los agresores domésticos. Organizaciones de DDHH piden a las víctimas a denunciar abusos.

El endurecimiento de las políticas contra la inmigración del gobierno de Donald Trump podría darle herramientas a quienes cometer abusos sexuales en el lugar de trabajo o a los agresores domésticos, e incrementar así las vulnerabilidades de quienes carecen de documentos en regla en Estados Unidos. Es lo que han advertido este miércoles más de 560 organizaciones de defensa de los derechos humanos preocupadas por el peligro al que se exponen las víctimas inmigrantes de violencia sexual y de género, que ahora no denuncian sus agresiones por miedo a la deportación.

“Perpetradores de agresiones sexuales, incluidos aquellos que cometen abuso sexual en el lugar de trabajo, y agresores domésticos, amenazan a los inmigrantes vulnerables con que la búsqueda de asistencia en los tribunales provocará su deportación”, anotan las organizaciones.

En una misiva al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y al director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, hasta 563 organizaciones expresaron su oposición a las medidas migratorias tomadas por el Gobierno el pasado mes de febrero. Las organizaciones denunciaron el contenido de los memorandos que rubricó el presidente Trump, que a su juicio ponen en peligro a las familias inmigrantes, además de los vetos migratorios contra países de mayoría musulmana.

Estas medidas, apuntan las organizaciones, “ crean un temor sin precedentes para las familias y comunidades inmigrantes”. Las acciones ejecutivas y la orientación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) “socavan gravemente las protecciones críticas” creadas por la Ley Contra la Violencia a la Mujer (VAWA, en inglés), que generó las visas tipo U y T en el año 2000, para “aumentar la seguridad de las víctimas de violencia doméstica” y alentar a las víctimas inmigrantes y testigos a denunciar esos delitos.

“Estas órdenes ejecutivas y notas de implementación envían un mensaje peligroso a las comunidades inmigrantes, que acudir a buscar ayuda probablemente conduzca a la deportación”, apunta el texto.

Entre los puntos de esa agenda se encuentran el reclamo por la aprobación de los proyectos de ley del Dream Act y el de licencias de conducir para indocumentados. Asimismo, a través del Liberty Act, piden que se limite la cooperación de agencias locales y estatales con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respecto a información de los indocumentados.

El gobierno ajustó la orden de manera que no afecta a residentes, refugiados personas con visa y establece un claro marco temporal para la entrada en vigencia, reduciendo la discrecionalidad de funcionarios de aduana y la posibilidad de demandas legales.

Sin embargo, en sus primeras reacciones a al nuevo decreto organizaciones de defensa de derechos civiles aseguran que sique sin justificarse la lista de países y que el aspecto religioso del llamado “veto de viajes musulmán” sigue permeando, no del texto, sino de la intencionalidad y de la historia de declaraciones del presidente Trump desde sus tiempos como candidato.

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